EL CONTROL DIGITAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES DEBIL

 

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El desvío de USD 7,3 millones del Ministerio de Ambiente (MAE) evidenció inconsistencias en el control del Sistema de Información de Gestión Económica y Financiera (e-Sigef), que permite realizar, vía Internet, pagos del sector público. Dentro del juicio que se lleva en contra de 57 procesados por presunto peculado se realizaron peritajes para determinar las características técnicas de este delito. Los informes periciales revelan que la seguridad es un factor controversial para este tipo de programas para la web, por una simple razón: se conectan a Internet y esto lo hace vulnerable en términos de comunicación y tiempo de carga. Pese a estas desventajas propias del sistema, en el caso del MAE se evidenció que no hubo intrusión ni vulneración de seguridades del e-Sigef; es decir, no hubo 'hackeo'. Los defraudadores accedieron a los datos y claves de usuarios autorizados de presupuesto, contabilidad y pagaduría del MAE; así ingresaron al e-Sigef y generaron el registro, aprobación y solicitud de pagos, según la información entregada por la Cartera de Finanzas. No se controla desde qué PC se accede al sistema De los informes de los peritos informáticos se visualiza una falta de control del manejo del sistema, al no haber podido determinar las direcciones IP (número que identifica a cada dispositivo dentro de una red de Internet) desde las que se hicieron 73 transacciones. Esto se debe a que Finanzas no posee registros de direcciones IP de los computadores de los usuarios que acceden al sistema. La justificación de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas es que los potenciales usuarios son alrededor de 12 000. Además, no se hace este control porque la mayoría de direcciones IP se asignan a través del uso de servidores (DHPC), los cuales poseen una lista de direcciones IP dinámica, que es asignada a los usuarios automáticamente. Con esto es posible conocer quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo y a quién se la entregaron después, pero no reflejan un acceso a Internet. Los peritos tampoco pudieron identificar si el acceso a Internet para realizar las transacciones fraudulentas se hizo desde alguna de las direcciones IP de la red del MAE, pues esta Cartera de Estado no reportó los registros de acceso a Internet, es decir, direcciones IP asignadas. Tampoco se encontraron las direcciones IP registradas por los bancos privados de las cuentas de los beneficiarios particulares de las transacciones ilegales. Lo único que se identificó del análisis a los discos duros de los computadores incautados del MAE es que 20 solicitudes de pago ilícitas se realizaron desde un computador de esa institución. Otra inconsistencia encontrada, con base en la información proporcionada por Finanzas, es que las fechas y horas de los registros de solicitud de pago de las transacciones realizadas por el MAE en el e-Sigef, durante el 1 de abril y 25 de mayo del 2012, no coinciden con las fechas y horas de las solicitudes de pago, que fueron denunciadas. Auditoría interna y Contraloría alertaron La denuncia de este desvío de fondos fue presentada por Índira Córdova Salazar, ex coordinadora administrativa financiera del MAE, quien fue vinculada al proceso el pasado 30 de enero. El fiscal Gustavo Benítez, en la audiencia de formulación de cargos, señaló que luego de analizar las pruebas se concluyó que ella obligó a las funcionarias procesadas a tomar vacaciones y a dar sus claves para ingresar al sistema, cuando no estaban. Según el reglamento de Finanzas, el manejo de las claves es personal e intransferible. Las claves usadas fueron de Amparo Gualpa, de contabilidad, y Miriam Mendoza, de tesorería, y de otras dos personas. Córdova, en su versión, desestimó la acusación de sus ex compañeras y dijo que jamás se demostrará que les obligaba a salir de vacaciones. "Si hubiera existido intención maliciosa, la planificación debería haber sido en coincidir salidas y regresos". Wilson Velasteguí, abogado de dos procesadas, agregó que mientras Córdova fue directora financiera, nunca firmaron acciones de personal con las designaciones de funciones ni los encargos. Esto consta dentro de los 174 cuerpos del caso. "Hubo trato descriminatorio porque a la autora intelectual y material del delito el juez le sustituyó la prisión para que se presente cada ocho días y a las cinco señoras que denunciaron y que tenían sueldos miserables de USD 600 les ordenaron prisión preventiva", añadió. Dentro de las investigaciones también se descubrió que no se tomaron en cuenta las recomendaciones de auditoría interna del MAE del 24 de octubre del 2011. Se halló, por ejemplo, que se asignaban usuarios y claves a dos y tres servidores para realizar las mismas actividades administrativas financieras. También se contrató gente para acciones específicas pero realizaban otras y no se comunicaba el cambio de actividades. Las solicitudes de pago no tenían documentación de respaldo, como facturas, contratos, etc. La falta de cuidado de los ordenadores de gasto y del pago en el manejo de los archivos de la documentación del área administrativa financiera ha dado lugar a que no se pueda probar la propiedad, legalidad y veracidad de las transacciones de cuatro cuentas, una de ellas por USD 1,8 millones. Así mismo, los auditores de la Contraloría realizaron observaciones a los procedimientos para evitar este tipo de fraudes. 7,3 millones se transfirieron a cuentas de particulares, sin que se conozca hasta hoy de qué computadoras se realizó. 73 transferencias se realizaron, de las cuales se constató que 20 se hicieron desde el MAE por el análisis a los discos duros. Haga clic aquí para ver la infografía.

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